“Aquí nosotros hemos pagado para pasar”, les explicaba una mujer a los gendarmes que intentaban en vano que destruyeran un micro. “Dejalos, que hoy van a perder todos el laburo aquí”, le respondía un hombre. Ese momento fue filmado por un uniformado y que ya está en manos de la Justicia federal, que investigará si el incendio intencional al colectivo de un tour de compras fue originado para quemar la droga que podría haber trasladado.
Ayer, pasadas las 8, el micro que circulaba por la ruta 9 hacia nuestra ciudad, evadió el control de rutina que realizaba personal de Gendarmería Nacional en el puesto de peaje de Molle Yaco. Personal de la fuerza logró detenerlo a 500 metros de ese lugar. Cuando intentaban controlar la carga que llevaba, un grupo comenzó a generar incidentes. Después de haber sido reprimidos, primero prendieron fuego al micro y después comenzaron a romper las ventanillas a pedradas. Había menos de 10 efectivos para detenerlos.
“Todo fue inusual en este caso. Nos llamó la gente del peaje y salimos del cuartel. Al llegar, intentamos hacer nuestro trabajo, pero la gente nos insultaba y trató de impedir que apagáramos el fuego”, aseguró el jefe de Bomberos de Trancas Cristian Sobrecasas en declaraciones a Canal 10. “Nos sorprendió que no les interesara preservar sus cosas”, añadió.
La investigación
Esa misma sensación tuvieron los investigadores. El juez federal José Manuel Díaz Vélez inició una pesquisa que tiene dos finalidades. La primera es determinar si realmente llevaban drogas y si, como denunciaron los más exaltados, habían pagado algún soborno para evitar los controles de la ruta. El magistrado ordenó que quedaran detenidos los choferes que manejaban el colectivo. No se descarta que decida pedir más arrestos.
Hasta el momento se sabe que el micro partió el lunes por la noche a Orán y regresaron ayer. En total, del viaje, que era coordinado por un tal “Papichulo”, participaron unas 40 personas que se retiraron del lugar rápidamente.
Según la información que pudo reconstruir LA GACETA, los viajeros son personas que compran mercadería al por mayor en Bolivia para venderla en la provincia. En principio, invierten hasta $1 millón para realizar esta tarea.
Al parecer, las personas le podrían haber entregado una suma de dinero al coordinador para evitar ser controlados. Al no haber cumplido con su parte, decidieron descargar su ira con el micro.
Son dos los puestos donde podría haberse producido este “arreglo”. El primero es en Los Naranjos, cerca de la localidad salteña de Rosario de La Frontera que está a cargo de los gendarmes. El otro, en Cabo Vallejo, en el límite provincial. Pero todo parece indicar que los implicados serían efectivos de la fuerza nacional porque se trataría de un acuerdo mucho más importante.
Según algunos testigos, con un simple cambio de luces, habría logrado que le levantaran la barrera del peaje y siguió su marcha sin pagar. Por esa razón se pedirán las imágenes de la cámara de seguridad para que sean analizadas.
Medidas
El juez también tomó tres medidas. Al encontrar indicios que el micro podría haber sido utilizado para trasladar marihuana, ordenó que una fuerza federal realice una serie de pericias para confirmar o descartar esta versión. No se descarta que también hayan llevado cocaína. El lunes, a una mujer que se dirigía a Santiago del Estero le encontraron 15 kilos de esa sustancia.
La otra es identificar a todos los pasajeros del micro. Los investigadores quieren entrevistarlos para saber si pueden aportar algún dato de lo sucedido. También están tratando de dar con “Papichulo”.
En un informe publicado ayer por LA GACETA, se daba cuenta de que las autoridades, hasta el 30 de junio, habían secuestrado más de 40 kilos de cocaína que eran trasladadas en tours de compras.
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